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Argentina: el transporte internacional, contra las cuerdas

Las restricciones y la intervención estatal colocaron al sector en una situación límite.





Las reglas de juego impuestas por el gobierno nacional hacen que pagar los fletes internacionales y los servicios vinculados resulte una verdadera odisea. No estamos hablando de una actividad más, sino de servicios que resultan fundamentales para hacer posible el movimiento del comercio exterior argentino, tanto a nivel de importaciones como de exportaciones.


La secuencia de restricciones y limitaciones podría resumirse como sigue: en primer lugar se limitó el pago de servicios vinculados, vía la exigencia de tramitar una SIRASE; luego se obligó pagar en pesos al finalizar la operatoria de transporte, pudiéndose transferir las divisas al exterior recién 90 días más tarde. Y por último se estableció la obligación de tramitar una SIRASE por cada flete internacional, debiéndose obtener la aprobación de la misma para estar en condiciones de abonar.


Estas restricciones, y la intervención estatal persistente, complican de manera severa el flujo de una actividad fundamental para que la Argentina pueda hacerse de divisas, como es el comercio internacional.


Actualmente la complicación afecta no solamente a los fletes marítimos, sino también a los terrestres y aéreos. Y como decíamos, no solo a las importaciones, sino también a la logística de exportación.


Actividad clave


Cabe destacar que si no se pueden pagar los fletes la paralización del comercio internacional argentino será total. Y esto se traducirá en una importante pérdida de puestos de trabajo, en primer lugar en aquellas empresas relacionadas directamente con el sector del transporte, pero luego también en las que requieran de movimiento de productos y de insumos para la producir y vender.


En el caso de los fletes recién se puede solicitar la SIRASE luego se embarca la mercadería (es decir, cuando ésta ya está en camino); esto hace que resulte imposible saber con antelación en qué lapso se autorizará y se podrá abonar. Conclusión: puede ocurrir que el producto llegue al país o a su destino en el exterior, y que el flete aún no se haya abonado.


Alto riesgo


Con esta trama de restricciones podría ocurrir que ya nadie desee embarcar productos hacia o desde nuestro país. De hecho ya está ocurriendo que unas cuantas firmas de transporte terrestre y las grandes compañías marítimas no aceptan que los fletes se paguen en nuestro país. Esto hace que las importaciones se deban concretar bajo modalidad CFR o C&F (el vendedor debe abonar el flete en origen) y las exportaciones pasen a hacerse bajo condición FCA (es decir, con flete abonado en destino).


De lo anterior se desprende que los forwarders o agentes de carga con domicilio en Argentina que prestan servicios en el país tienen serios riesgos de quedarse sin su fuente de actividad. Y esto pone en jaque el trabajo de unas 9 mil personas que emplean de forma directa estas organizaciones, aunque también corren riesgo otros trabajadores del transporte terrestre, marítimo y aéreo.


En este contexto la AAACI (Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional) sugirió que el impacto de cubrirse frente a la incertidumbre reinante al fin de cuentas resulta mayor que el que se obtendría al liberar el tipo de cambio para el mercado de fletes y servicios relacionados, con el agregado de que al liberar el mercado se conseguiría mayor inversión para garantizar las operaciones.


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