La normativa del BCRA que dilata el acceso a las divisas para abonar fletes de comercio exterior genera riesgos cambiarios difíciles de asumir. Y podría llevar a las navieras a tomar una decisión muy negativa para el país.
La reciente comunicación "A" 7746 del BCRA pone contra las cuerdas a los integrantes de la cadena logística del comercio internacional. La medida obliga a cobrar en pesos los fletes y dilata el acceso al mercado de cambios para comprar las divisas necesarias para abonarle lo pactado a los prestadores del exterior. La compra de las divisas para efectuar las remesas recién se podrá concretar a los 90 días luego de prestado el servicio.
La nueva disposición genera importantes riesgos cambiarios, difíciles de asumir por parte de las empresas nacionales. Máxime en un escenario en el que la inflación aumenta y también lo hace el proceso de devaluación.
Pedido de revocación
La situación creada por esta nueva normativa llevó a las organizaciones que representan a los diferentes jugadores vinculados la cadena logística del comercio exterior argentino -Centro de Navegación (CNAV), Centro de Despachantes de Aduana (CDA) y Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional (AAACI)- a remitirle una nota a Miguel Ángel Pesce (presidente del BCRA) y a Sergio Massa (titular del Ministerio de Economía), dándoles a conocer las complicaciones que provoca la medida y solicitando la revocación de la misma.
En la nota las entidades manifestaron su preocupación por los efectos de esta resolución “que atenta contra el normal funcionamiento de las operaciones y flujos del comercio exterior estandarizados a nivel global, afectando negativamente la actividad de los exportadores, importadores, agentes de carga, despachantes y agencias marítimas que actúan en nuestro país”.
En el texto remitido a las autoridades del Palacio de Hacienda y del BCRA las entidades alertaron que la normativa “repercutirá en el encarecimiento de las operaciones de comercio exterior y el posible desabastecimiento de insumos para la producción nacional, con pérdida de producción, empleo y de ingresos millonarios en divisas para la Argentina".
El gran riesgo que destacaron las entidades en su misiva es que la argentina se convierta en un “puerto sucio”. Es decir, que los armadores de buques en el exterior decidan que el pago y cobro de los fletes y otros servicios de transporte vinculados con operaciones de comercio exterior argentino deban abonarse directamente en el exterior.
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